El fi de la incapacitació judicial amb la llei 8/2021

El pasado 20 de mayo fue aprobada en el Congreso la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, publicada en el BOE el 3 de junio, cuya entrada en vigor será efectiva el día 3 de septiembre.

Esta ley da respuesta a la exigencia internacional derivada de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que obliga a los Estados que la ratificaron a adoptar medidas de apoyo a las personas con discapacidad, con el fin de que éstas puedan mantener sus derechos e intereses protegidos sin necesidad de modificar su capacidad jurídica.

Este nuevo modelo rompe con un sistema que algunos han calificado de «paternalista», donde la toma de decisiones de las personas con discapacidad quedaba en manos de sus tutores / cuidadores / representantes, bajo el pretexto de que así se garantizaba una mejor protección y salvaguarda de sus intereses. Lo que pretende esta ley, en cita textual de su preámbulo, es el “respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general será la encargada de tomar sus propias decisiones implementando un sistema basado en el apoyo en el actividad de estas personas (huyendo de la intervención y representación directa), que permita salvaguardar el ejercicio de la capacidad jurídica con respecto a los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.

Este nuevo planteamiento que hace la ley descansa sobre el contenido del artículo 10 de la Constitución Española, que predica el respeto a la dignidad de las personas, la tutela de sus derechos fundamentales y la libre voluntad de cada individuo.

Para hacerlo efectivo, mediante esta nueva disposición, se modifican un total de siete leyes:

– Ley del Notariado.

– Código Civil.

– Ley Hipotecaria.

– Ley de Enjuiciamiento Civil.

– Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria.

– Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

– Código de Comercio.

Una de las cuestiones más relevantes es que a través de estas modificaciones ya no se podrá declarar la incapacitación de una persona, si no que se establecerán una serie de medidas de apoyo, específicas para cada caso, que deberán ser revisadas periódicamente por la autoridad judicial. Estas medidas podrán ser desde un acompañamiento amistoso para una determinada gestión, la ruptura de barreras arquitectónicas (y de todo tipo), los consejos o, incluso, la toma de decisiones delegada. En este sentido, serán de gran importancia los poderes y los mandatos preventivos.

También cabe destacar la transformación de la institución de la curatela en una figura de apoyo y de naturaleza fundamentalmente asistencial, que sólo de forma excepcional tendrá funciones representativas. Asimismo, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada.

A nivel procesal, se sustituyen los tradicionales procedimientos de incapacitación, por unos dirigidos al establecimiento de unas medidas concretas de apoyo a las personas con discapacidad. Además, se potencia la vía de la jurisdicción voluntaria, con el fin de que estas personas puedan tener más capacidad de decisión sobre las necesidades y las medidas más adecuadas para ellos mismos.

Estas son sólo algunas de las modificaciones que se introducirán con la entrada en vigor de la ley, que, en resumen, y citando su preámbulo:

“No se trata, pues, de un mero cambio de terminología que relegue los términos tradicionales de <incapacidad> e <incapacitación> por otros más precisos y respetuosos, sino de un nuevo y más acertado enfoque de la realidad que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido: que las persones con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado; se trata, por tanto, de una cuestión de derechos humanos”

De este modo, esta ley supone el cambio a un nuevo paradigma social, a través de una nueva configuración de los derechos y libertad de las personas con discapacidad. Es decir, esta nueva legislación cambiará la forma como la sociedad se entiende y se relaciona con las personas con discapacidad, adaptándose a los nuevos tiempos y los nuevos valores imperantes, valores más democráticos y respetuosos, que hacen más efectivos los principios de igualdad y libertad.

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